Cuando el 16 de agosto del 2016 se sancionó la ley provincial 14.836 que limita las reelecciones indefinidas, en el universo político de los municipios, 138 legisladores, 1097 concejales y 427 consejeros escolares que tiene la provincia de Buenos Aires sabían que se trataba de una ley políticamente correcta, pero al mismo tiempo de un escoyo para el que ejerce el cargo y que la discusión iba a comenzar en el 2021.
Entre quienes apoyaron la norma, legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador, sostenían que genera calidad institucional y que la rotación en el cargo es sana porque si no se genera un enquistamiento en el poder como ocurre con Alberto Descalzo en Ituzaingo y Gustavo Posse en San Isidro, ambos intendentes con la mayor antigüedad en su cargo y que van a terminar sus mandatos en el 2023 con 29 y 25 años respectivamente al frente del Ejecutivo Municipal.
Pero la suerte ha cambiado para quienes la cuestionan, El mismo presidente de la Nación, Alberto Fernandez, fue quien en diciembre frente a un grupo importante de intendentes cuestionó la limitación que establece la ley, con un claro gesto político en un año electoral.
Pero la solución para este año y el 2023 parece tener un camino bastante allanado desde lo político, en donde no se cuestionará el espíritu de la norma sino los efectos del artículo 7 de la ley que considera el primero período a los Intendentes y legisladores que se encontraban en ejercicio en el 2016 para contabilizar la limitación de reelección. Llevándolo a números prácticos de los 135 intendentes de la Provincia que fueron electos en el 2015, hoy existen 95 que no podrán ser reelegidos en dos años. En esa sintonía, durante este año hay una cantidad importante de ediles que tendrán que ver qué sucede con el texto legal para definir su participación o no en la elección legislativa: este 2021 se transforma entonces en la antesala del 2023 ya que los concejales del periodo 2013-2017 (con su renovación en el 2017-2021) son alcanzados por la norma.
La pregunta que todos ellos en silencio se hacen es quien será el mascaron de proa que levante la bandera de impulsar una reforma o una acción judicial que según una consultora de primera línea en una encuesta realizada en diciembre 2020, solo el 10% de la población la apoya. Quizás sea por eso que los jefes comunales prefieren guardar silencio al desconocer el costo político que les podría traer y esperan a que algún intendente que no le tema al costo político en su distrito vaya a la justicia a presentar una demanda pidiendo una declaración de certeza sobre la norma o incluso la inconstitucional del artículo 7.
Como antecedentes para sostener esta la tesis pro reforma tenemos la sanción de ley 14872 que modifica la ley en cuestión un año después de su sanción suspendiendo artículos que regulaban las dietas de los concejales, con el argumento de que la retroactividad de la ley vulnera “en forma palmaria los derechos adquiridos al momento de la asunción”, el cual también encuentra eco en el artículo 7 del Código Civil que establece cuando habla de eficacia temporal que “La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales” .
Siguiendo esta posición para todos aquellos que ostentaban un cargo en el 2016 no podrá aplicarse dicho periodo para computársele la limitación a la reelección en el cargo.
¿Podrá el Pro y el Frente Renovador olvidarse del acuerdo del 2016 y borrar con el codo lo que escribieron con la mano? ¿Querrá la justicia solucionar un problema de la política? Existen muchos interrogantes en otro año marcado por la pandemia que nos permitirá ver que pasará en el 2023: el 2021 es la primera parada para ver que sucede con esta norma.
EL MONITOR DE LA JUSTICIA 