EN TIEMPO RECORD Y VIA MAIL, DAN LUGAR A UN AMPARO EN CUARENTENA

Aún en tiempos de cuarentena hay situaciones dramáticas que no pueden esperar. Es el caso de una nena de seis años que necesita asistencia médica constante pero a quien en febrero la obra social le había reducido el servicio de enfermería a domicilio.

Tras una presentación judicial vía e-mail y en una resolución exprés que demoró apenas 24 horas, consiguieron una medida cautelar y le restablecieron la atención constante a la nena.

“Lo que esto demuestra es que se pueden hacer las cosas de otra forma. Se evita una burocracia enorme. En un proceso normal yo tendría que haber ido dos o tres veces al juzgado”, asegura Lucas Prieto Schorr, abogado de la familia. “Sin aislamiento obligatorio, estos amparos demoran, con suerte, entre tres y cinco días en otorgarse”, explica el letrado.

Pero la paciente no podía esperar. “Entre sus fundamentos, la jueza Martina Isabel Forns indicó que se ponía en juego la subsistencia de un derecho personalísimo como el derecho a la salud de una niña menor de edad, de principal rango en el texto de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional, y que la situación en la que se encuentra inmersa la niña implica una urgencia que no admite demoras en su respuesta”, detallaron desde la familia.

La nena tiene, entre otras patologías severas, Síndrome del Wolf HirschHorn, que incluye microcefalia, epilepsia de difícil manejo, diabetes y retraso mental. Esto genera que deba tener constantemente una sonda nasogástrica y todos los días sufra varias convulsiones, lo que hace necesario la presencia de enfermeras las 24 horas.

Sin embargo, el 17 de febrero un informe médico estableció que, como no tenía otras patologías, la Obra Social del Personal de la Construcción podía reducir la atención a turnos de 12 horas. “Esto generaba que, por las noches, la salud de la nena dependiera únicamente de sus padres, un obrero y una empleada doméstica, que no tienen las herramientas para asistirla. Además de que no podían pegar un ojo”, detalla el abogado.

Él fue quien envió por mail a la Justicia Federal de San Martin la demanda por un Amparo de salud. En un plazo de dos horas recibió la respuesta donde le informaban qué Juzgado había sido sorteado. Como la demanda no tenía firma del abogado y del peticionante, porque por la cuarentena no pueden encontrarse, la jueza validó los datos del abogado en el sistema que tiene el poder judicial y a las cinco horas dictó sentencia haciendo lugar a la medida cautelar, la cual fue notificada al domicilio electrónico que el abogado tiene registrado en el poder judicial.

“Por último, la jueza autorizó al abogado a firmar el oficio que dispone la medida cautelar, suprimiéndose el requisito que debe llevar su firma (la de la magistrada) o la del secretario (de su juzgado). Al día siguiente, el letrado dejó el oficio en la obra social y a las 4 horas se comunicaron de la obra social con la amparista para restablecer la prestación”, agregó Schorr.

En todo el territorio que abarca la Cámara Federal de San Martín se trata del primero o segundo caso de estas características que se resuelve únicamente con herramientas digitales. En otros casos se están implementando videoconferencias.

“Antes, en Capital, por ejemplo, vos tenías que llevar el escrito en papel y contabas con 24 horas para subirlo al sistema, porque sino era como que no presentaste nada. Con la cuarentena se autorizó la firma electrónica. Tuvo que venir una pandemia para que se simplificara esto. La esperanza es que cada vez se resuelvan más situaciones así de rápido“, cierra el abogado.

 

LA CONCILIACION LABORAL EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES, UNA HERRAMIENTA PENDIENTE – “CLARIN”

La reforma judicial anunciada en abril de este año por la gobernadora Vidal y el ministro de Justicia Gustavo Ferrari ya tuvo su primer paso para solucionar el abarrotamiento de la Justicia laboral con la sanción de la ley que convierte a los 69 tribunales colegiados laborales de la provincia en 207 juzgados unipersonales.

Conforme a las estadísticas oficiales, poco actualizadas de la Corte Provincial, en 2016 se iniciaron casi 66 mil causas en el fuero laboral, lo cual representó alrededor de un 32% más que hace diez años. Si tomamos como ejemplo al Tribunal Nº5 de San Isidro observamos claramente de qué se trata: en 2013 existían apenas 261 causas en trámite y en 2017 hubo 1586, a septiembre de este año contaba con 872 causas.

Desde 1996 en la Capital Federal existe el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. El SECLO (como es comúnmente conocido) ha obtenido resultados asombrosos desde lo cuantitativo, lo que demuestra que esta herramienta ayudaría a descomprimir en mayor medida la judicialización del conflicto en la provincia de Buenos Aires. Solo en materia de despidos mediante el SECLO se resuelven el 45% de los conflictos, evitando los tiempos de la justicia que alcanzan entre tres y cinco años desde el inicio de la demanda hasta la sentencia en la Cámara.

Si se lograra transpolar este sistema a la provincia se podría llegar a resolver un número más significativo de conflictos laborales sin tener la necesidad de instar la vía judicial, trayendo un beneficio tanto para las empresas como para los trabajadores que cobran su indemnización en un plazo acotado. Asimismo, la aplicación de este sistema permitiría una mayor actividad laboral a muchos profesionales del derecho excluidos del ejercicio profesional por los altos costos de la matrícula y la caja jubilatoria.

El sistema funcionaría y existe un elemento más que lo convierte en irrefutable: en los pleitos judicializados apenas el 8% de los juicios finaliza con sentencia, mientras que el 92% restante se resuelve durante el proceso por un acuerdo entre partes.

Hace falta la decisión política para tomar cartas en el asunto. Indudablemente el sistema judicial necesita reconciliarse con la sociedad dejando atrás la reiterada frase “la Justicia es lenta”, el SECLO provincial sería un buen elemento para comenzar a desterrar esto.

 Lucas Prieto Schorr es Director de El Monitor de la Justicia.

EL ESTADO COMIENZA A PROTEGER A LAS VICTIMAS DE DELITOS

Publicada en Clarin.com

Días pasados se publicó en el boletín oficial el decreto 421/2018 que reglamenta la denominada ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, creando un espacio novedoso para nuestro país como es el observatorio de la víctima de delitos.

De esta manera la Argentina se coloca en consonancia con el ordenamiento internacional, principalmente con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia, entre otros varios elementos internaciones elaborados sobre la materia.

Con buen tino, a fin de no quedar como otras leyes que proclaman derechos pero que en la práctica caen en desuso, se crea el referido observatorio que –como dice la reglamentación– funcionará como un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública de víctimas del delito.

A fin de garantizar la representación federal formarán parte de él las víctimas de diferentes delitos y asociaciones civiles de todo el país, con el objetivo de tener en cuenta las diferentes realidades provinciales, logrando de esta manera mayor participación y un mayor debate sobre mejoras y recursos útiles a trabajar en materia de política pública a nivel nacional.

Con esta reglamentación parece constituirse un cambio de paradigma, ya que ubica a los damnificados en el centro del proceso penal otorgándole mayor participación en el proceso, más allá de poner a disposición al Ministerio Público Fiscal para garantizar la persecución penal del hecho subrogando el interés de la víctima, sobre la cual durante años no ha hecho otra cosa que expropiarla de su conflicto.

Durante décadas la sociedad argentina se ha visto conmovida por hechos delictivos de gran resonancia y conmoción, en muchos de los cuales las víctimas pasaban a ser revictimizadas por la falta de una normativa legal que la protegiera ante tan difícil circunstancia. Con esta reforma se empezaría a terminar con un proceso penal abandónico de la víctima, que la ha constituido durante décadas como la gran ausente en el proceso y que la ha puesto en un doble proceso de victimización: primero al sufrir el delito y luego al sufrir el proceso.

Esta normativa podría cerrar una vieja herida que provocaban ciertos delitos en la sociedad. Herida que no cerraba y no se convertía en cicatriz a pesar del paso del tiempo, porque todo el cuerpo jurídico argentino apuntó siempre a la represión del delito y al castigo del victimario, pero se olvidó de la víctima. Con esta decisión no sólo se estaría protegiendo a la víctima, sino que se podría llegar a mejorar el acceso a la justicia, y como resultado mejor producción de pruebas y la profundización de investigaciones criminales.

Todavía nos encontramos lejos de lo establecido, por ejemplo, por el código procesal penal de Costa Rica que contempla un mecanismo que permite que un delito de acción pública se convierta en delito de acción privada, sin intervención alguna del Ministerio Público, pero por lo menos es auspicioso hoy celebrar una decisión que puede cerrar una vieja herida en la sociedad.

Lucas Prieto Schorr es abogado. Director www. elmonitordelajusticia. com

NOTAS EN LA NACION

“Ciberdelito made in Chaco” (04/12/18) https://www.lanacion.com.ar/opinion/ciberdelito-made-in-chaco-nid2199204

“Cuando la corrida cambiaria se convierte en delito” (25/09/18) https://www.lanacion.com.ar/opinion/cuando-corrida-se-convierte-delito-nid2174957

“La policia judicial, ¿una quimera?” (13/04/18) https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-policia-judicial-una-quimera-nid2124719

“La extinción de dominio, una herramienta que todavia no funciona” (01/03/18) https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-extincion-de-dominio-una-herramienta-que-todavia-no-funciona-nid2113251

NOTAS EN CLARIN

“Habemus Codigo Procesal Penal” (08-01-19) https://www.clarin.com/opinion/habemus-codigo-procesal-penal_0_jQU44_tIB.html

“Violencia en las canchas: embarrados por la ley” (25-12-18) https://www.clarin.com/opinion/conciliacion-laboral-provincia-buenos-aires-herramienta-pendiente_0_XTdgWZIuq.html

“La conciliación laboral en Buenos Aires, una herramienta pendiente” (13-11-18) https://www.clarin.com/opinion/conciliacion-laboral-provincia-buenos-aires-herramienta-pendiente_0_XTdgWZIuq.html

“El medico que se niega a hacer un aborto, ¿podría ser un delincuente?” (16-06-18) https://www.clarin.com/opinion/medico-niega-realizar-aborto-podria-delincuente_0_S1wSjc9Zm.html

“El Estado comienza a proteger a victimas de delitos” (06-06-18) https://www.clarin.com/opinion/comienza-proteger-victimas-delitos_0_H1PWoRSeX.html

“Marchas y Reclamos: competencia disparatada de delitos” (31/12/17) https://www.clarin.com/opinion/marchas-reclamos-competencia-disparatada-delitos_0_Syxp0VEXG.html

“Codigo de Derecho Laboral: lo que la Constitucion nos pide” (07/12/17) https://www.clarin.com/opinion/codigo-derecho-laboral-constitucion-pide_0_HJpNGx8bG.html

“La necesidad de un cambio en la Justicia” (26-09-17) https://www.clarin.com/opinion/necesidad-cambio-justicia_0_BkxoH8uoZ.html