EL ESTADO COMIENZA A PROTEGER A LAS VICTIMAS DE DELITOS

Publicada en Clarin.com

Días pasados se publicó en el boletín oficial el decreto 421/2018 que reglamenta la denominada ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, creando un espacio novedoso para nuestro país como es el observatorio de la víctima de delitos.

De esta manera la Argentina se coloca en consonancia con el ordenamiento internacional, principalmente con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia, entre otros varios elementos internaciones elaborados sobre la materia.

Con buen tino, a fin de no quedar como otras leyes que proclaman derechos pero que en la práctica caen en desuso, se crea el referido observatorio que –como dice la reglamentación– funcionará como un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública de víctimas del delito.

A fin de garantizar la representación federal formarán parte de él las víctimas de diferentes delitos y asociaciones civiles de todo el país, con el objetivo de tener en cuenta las diferentes realidades provinciales, logrando de esta manera mayor participación y un mayor debate sobre mejoras y recursos útiles a trabajar en materia de política pública a nivel nacional.

Con esta reglamentación parece constituirse un cambio de paradigma, ya que ubica a los damnificados en el centro del proceso penal otorgándole mayor participación en el proceso, más allá de poner a disposición al Ministerio Público Fiscal para garantizar la persecución penal del hecho subrogando el interés de la víctima, sobre la cual durante años no ha hecho otra cosa que expropiarla de su conflicto.

Durante décadas la sociedad argentina se ha visto conmovida por hechos delictivos de gran resonancia y conmoción, en muchos de los cuales las víctimas pasaban a ser revictimizadas por la falta de una normativa legal que la protegiera ante tan difícil circunstancia. Con esta reforma se empezaría a terminar con un proceso penal abandónico de la víctima, que la ha constituido durante décadas como la gran ausente en el proceso y que la ha puesto en un doble proceso de victimización: primero al sufrir el delito y luego al sufrir el proceso.

Esta normativa podría cerrar una vieja herida que provocaban ciertos delitos en la sociedad. Herida que no cerraba y no se convertía en cicatriz a pesar del paso del tiempo, porque todo el cuerpo jurídico argentino apuntó siempre a la represión del delito y al castigo del victimario, pero se olvidó de la víctima. Con esta decisión no sólo se estaría protegiendo a la víctima, sino que se podría llegar a mejorar el acceso a la justicia, y como resultado mejor producción de pruebas y la profundización de investigaciones criminales.

Todavía nos encontramos lejos de lo establecido, por ejemplo, por el código procesal penal de Costa Rica que contempla un mecanismo que permite que un delito de acción pública se convierta en delito de acción privada, sin intervención alguna del Ministerio Público, pero por lo menos es auspicioso hoy celebrar una decisión que puede cerrar una vieja herida en la sociedad.

Lucas Prieto Schorr es abogado. Director www. elmonitordelajusticia. com

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