¿ES TIEMPO DE UN CODIGO PENAL?

Que hay que elaborar un nuevo Código Penal debido a que el actual ya en el 2014 tenía 900 reformas no está en discusión, pero la realidad judicial de cada día marca que primero está el proceso y después la pena. Por tanto, resulta urgente reformar el código procesal en primer término y luego con las condiciones aptas, avanzar con el código de las penas.

La sociedad pide una reforma integral en la justicia y terminar con  los procesos judiciales lentos e ineficaces, que en muchos casos  llegan a la prescripción de las causas o a condenas después de diez años. El Gobierno y el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti han tomado nota de ello, anunciando su intención de ir por ese camino al inicio de este año.

El universo penal está repleto de artículos que tipifican conductas e incluso establecen penas muy altas, pero de lo que carece es de sentencias condenatorias que ejemplifiquen y envíen un mensaje claro a la sociedad. Por eso el inicio de la solución parecía estar en modificar el código procesal –que es la ley de enjuiciamiento criminal–, para que entre otras cosas la Argentina deje de ser el único país en América Latina que no adoptó el sistema acusatorio.

De los cinco temas que las encuestas suelen colocar a la cabeza de los grandes problemas percibidos por la sociedad –inseguridad, inflación, pobreza, desocupación y educación–, sólo el primero tiene una relación indirecta con el código penal. En la práctica ha quedado demostrado que modificar el código de fondo tanto desde una visión de mano dura como desde una visión garantista extrema no contribuye a la solución de los problemas, e incluso puede llegar a agravarlos.

Sin embargo, recientemente el ministro de Justicia German Garavano anunció que en junio el Presidente  enviará el proyecto de reforma del código penal argentino, convirtiéndose en un hecho histórico ya que desde 1921 un presidente  no eleva un código de esta materia al Congreso. Ahora bien, ¿estamos preparados para debatir un nuevo código con la responsabilidad que ello se merece?

Sabemos que el Código Penal es el que define la política criminal de un país, ¿pero están dadas las condiciones sociales y políticas para ponernos de acuerdo en cómo encarar los problemas penales de nuestro tiempo? Basta con recordar el nombre de Chocobar para advertir que el ámbito político y el ámbito judicial no van de la mano en la coyuntura actual. La Justicia procesó al policía mientras que, por el contrario, la política lo puso como un ejemplo a seguir. Por su parte, en la opinión pública se estuvo discutiendo durante varias semanas si era culpable o inocente ¿qué pasará cuando se analicen y discutan los 550 artículos del nuevo código penal?

El antecedente más próximo de lo que puede ocurrir se remonta al 2014, cuando una comisión redactora encabezada por Raúl Zaffaroni y conformada paradójicamente por dos actuales altos funcionarios, el vicepresidente del Senado Federico Pinedo y el coordinador de Justicia 2020 Ricardo Gil Lavedra, propuso a la presidenta Cristina Fernández un anteproyecto de Código. En aquella oportunidad  el entonces diputado nacional Sergio Massa tomó el tema y supo estar en el centro del debate público, alcanzando incluso a reunir más de 2 millones de firmas en todo el país en contra de la reforma. La historia terminó  con la decisión de Cristina de no enviar el proyecto al Congreso.

Con la volatilidad económica y política actual, ¿tiene el Gobierno el suficiente margen político y manejo comunicacional para hacer frente al desgaste y al posicionamiento que podría llegar a tener un dirigente del peronismo sobre este tema?

El ministro Garavano expresó en un artículo publicado el 2015 en este medio: “Es imprescindible que las reformas no se generen en momentos de inestabilidad, ya que esto promovería el avance de intereses sectorizados”. Veremos cuál será el análisis político que haga el Gobierno, aunque por lo pronto parece querer afrontar el riesgo de despertar a la oposición.

Publica en Perfil.com: http://www.perfil.com/noticias/ideas/tiempo-nuevo-codigo-penal.phtml

LA POLICIA JUDICIAL, ¿UNA QUIMERA?

Poco antes del triunfo electoral de Cambiemos aquella noche del 15 de noviembre de 2015, entre chicanas y acusaciones con Daniel Scioli, en el recordado debate en la Universidad de Buenos Aires, Mauricio Macri propuso crear una policía judicial para que “investigue a fondo lo que pasó, pero también nuestro futuro Gobierno si nos toca gobernar”.

Pero a razón de verdad no fue una idea de Cambiemos la presencia de la policía judicial. Desde 1994 la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece en su artículo 166 la imposición a la Legislatura de organizar la policía judicial, siendo letra muerta hasta fines del año 2012 cuando dicho cuerpo colegiado sancionó la ley 14.424 creando el Cuerpo de Investigadores Judiciales.

Sin embargo, nunca se llegó a poner en funcionamiento por su falta de dinamismo y su estructura burocrática poco eficaz lo que llevó a que a fines del año pasado se sancione la ley 15.005 que deroga por completo la anterior norma y crea, junto con la figura del detective judicial, la nueva policial judicial propiamente dicha.

Entre las muchas razones prácticas de su creación vale destacar dos. Por un lado, mayor independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo para investigar a la policía bonaerense, que tiene cientos de sus miembros sospechados de cometer delitos. Por otro lado, la profesionalización de su personal para llevar adelante investigaciones judiciales efectivas, que no deriven en los sobreseimientos de los imputados por negligencia en el manejo de la prueba o incorrecta preservación de la escena del delito (como pasó en el caso Nisman), buscando de este modo un acabado cumplimiento de los procedimientos a fin de evitar futuras nulidades procesales.

Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, presidente y vicepresidenta de la Corte Suprema, respectivamente, vienen reclamando desde 2016 la creación de una policía judicial para fortalecer el rol de la Justicia. Veremos si la próxima Procuradora impulsa su creación, pero por ahora lo único seguro es que tendremos que esperar para que no solamente haya policías judiciales provinciales, sino también en el ámbito de la justicia federal.

PUBLICADA EN LA NACION: https://www.lanacion.com.ar/2124719-la-policia-judicial-una-quimera