Con estas palabras el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato, anunció ante el Consejo de la Magistratura lo que podría ocurrir si la infraestructura judicial no mejorase. Advirtió que el 80% de los edificios judiciales no reúne las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral; por la normativa vigente, si fueran edificios privados estarían clausurados.

El gremio y la administración general del Poder Judicial elaboraron un diagnóstico sobre la situación edilicia de los 237 inmuebles distribuidos en todo el país, los cuales alcanzan los 615 mil metros cuadrados. El 54% de estos inmuebles se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, un 9% en el área metropolitana y el restante 37% en el interior del país. Del total de inmuebles, el 38% corresponde a edificios alquilados, por los que este año se desembolsará un total de 215 millones de pesos.

No cabe duda que la infraestructura edilicia además de insuficiente es deficiente. El 74% de las jurisdicciones se encuentra con criticidad edilicia media o alta. Santa Fe, La Rioja, Tres de Febrero y Campana se encuentran por debajo del mínimo admisible. En los últimos 2 años ocurrieron diversos hechos. Hubo 4 incendios.

En la ciudad de Buenos Aires, en un edificio de Avenida de los Inmigrantes se cayeron ascensores con gente en su interior y el edificio de la calle Uruguay 714 tuvo que ser apuntalado por una obra inconclusa en su lateral, que desplazó a su estructura. En la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná se cayó el cielo raso del techo en el despacho del presidente; habría sido una tragedia si hubiera ocurrido en horario laboral.

El edificio de Viedma tiene 6 pisos y hace 1 año que no funciona el ascensor, y aunque parezca mentira las inundaciones fueron en el último año una realidad en los juzgados de Paso de los Libres, Corrientes, Resistencia y Posadas.En casi todos los edificios existe inadecuado estado de mantenimiento de los ascensores, carencia de mecanismos de combate de incendios y salidas de emergencia y al menos en 70 edificios la instalación eléctrica es precaria.Para peor, el abarrotamiento de causas lleva a que los expedientes estén en los pasillos sin poder ser archivados; como ocurre en la Cámara de Seguridad Social, donde 700 mil expedientes se encuentran en este estado.

Ante este panorama, y debido a que el 95% de los recursos de los últimos ejercicios se destinó al pago de haberes, el Consejo de la Magistratura estimó que se necesitan 15 millones de dólares para resolver lo urgente y más de 420 millones de dólares adicionales para acondicionar el resto de la infraestructura.Por si no fuera poco, el deficiente sistema informativo –conocido como Lex100– hace 10 años que no se actualiza.

Al menos 2 veces por semana tiene fallos de conectividad, lo que ralentiza la tarea. A su vez, obliga a tener un expediente electrónico y a continuar innecesariamente con el expediente papel, duplicando la tarea. Provincias como San Luis o Buenos Aires ya adoptaron prácticamente en su totalidad el expediente digital en sus juzgados. El pasado 5 de agosto el gremio expuso una muestra fotográfica del estado de 39 edificios judiciales frente al palacio de tribunales, con el fin de solicitar a la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, que se decrete la emergencia y se evite otra tragedia más en Argentina. Diversos actores ya se han manifestado, los que deciden tienen la palabra.

Lucas Prieto Schorr  es abogado. Director de El Monitor de la Justicia